En una vista pública cameral se supo que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no tiene un registro de muertes desde el 2016
La Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización Ante una Emergencia de la Cámara de Representantes realizó hoy, una vista pública sobre el Proyecto del Senado 524, que busca crear la Ley del Protocolo para la Determinación de la Causa y Manera de las Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos.
La medida propone que se adopte un protocolo para determinar la causa y manera de una muerte, cuando un evento catastrófico o un desastre natural fueron factores contribuyentes del deceso de una persona, y establece mecanismos para la recopilación de información de estos.
Además, la pieza legislativa busca crear un Comité Interagencial para la Divulgación Oficial de Información sobre Datos Estadísticos de Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos.
El representante, José Aníbal Díaz Collazo, quien sustituyó al presidente de la Comisión, Luis ‘Narmito’ Ortiz Lugo sostuvo que debido a lo ocurrido en el huracán Irma y María, para la Asamblea Legislativa es meritorio crear un protocolo y traer nuevas ideas que informen al pueblo de Puerto Rico sobre la contabilización de muertes durante eventos catastróficos. “Lo que queremos son números prácticamente exactos de las muertes ocurridas cuando hay un desastre natural en la isla. Pudimos ver que dentro de la información que tenemos, en el huracán María murieron 4,645 personas, cuando el Estado tenía otro número de víctimas mortales”.
A la audiencia pública compareció la directora del Registro Demográfico del Departamento de Salud (DS), Wanda Llovet Díaz, quien trajo la preocupación sobre un inciso que se establecería en la medida que “el médico enviará el expediente del paciente al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para el análisis”.
“Si esto se refiere a todas las muertes, es decir, las muertes naturales y no naturales, que ocurran durante una declaración de emergencia, esto debería ir acompañada de unas guías de implementación y asignación de presupuesto estimado, pues al enviar al ICF para análisis toda muerte que ocurra durante una emergencia se podrá ver con limitaciones entre la cantidad de casos pendientes y sus recursos”, indicó la funcionaria.
A su vez, destacó que esto podría crear un atraso en los datos que deben ser reportados al Registro Demográfico. “Nos preocupa el retraso que esto pueda causar en el ICF, tomando en consideración que esta Ley se implementará en periodos de emergencia, generalmente los recursos durante esos periodos son mucho más limitados”.
Llovet Díaz detalló que el Registro Demográfico contiene un manual para los directores funerarios el cual incluye los procedimientos para llenar los Certificados de Defunción y también un manual para los médicos, hospitales y facilidades sobre los procedimientos para llenar los certificados de defunción.
Por otro lado, el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), Orville M. Disdier expresó que desde el huracán María se han hecho algunas mejoras considerables a los procesos. “En el 2018 el Instituto realizó una investigación mediante la cual se identificó un error de interpretación en el sistema de clasificación utilizado en la codificación de las causas de muerte, el cual había provocado cambios estadísticamente significativos en las tasas de mortalidad entre el 2004 y 2005 publicadas por el DS en aquel momento”.
A preguntas de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, sobre las estadísticas actuales de los nacimientos y muertes, la IEPR dijo que desde el 2016 no tienen un registro. “El último documento que tenemos es del 2015. Además, desde el año 2018 se ordenó al DS a entregarle al IEPR de forma recurrente los datos preliminares de muertes hasta la semana pasada. Hemos tratado de comunicarnos con el secretario del DS, pero lo que nos contesta es que está dispuesto a colaborar con los datos”, mencionó el galeno.
Entre tanto, la licenciada Omara Arias Nieves, asesora legal del Departamento de Seguridad Pública (DSP) abundó que para que el ICF cuente con estadísticas confiables para poder determinar si se cumple con los parámetros de que el deceso es a consecuencia de un desastre natural, “sería meritorio el que se pueda coordinar esa función en los gobiernos municipales y su Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME)”…
“El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres trabaja fuertemente con la encomienda de responder a tiempo ante cualquier eventualidad que requiera de parte del Estado. La determinación de causa o muerte, aún siendo relacionadas a desastres naturales, debe ser determinada por un médico forenses”, aseveró Arias Nieves, quien añadió que actualmente el NMEAD no cuenta con personal capacitado para tomar dicha determinación.
Sobre la implementación del Proyecto del Senado 524, el asesor legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Juan Peña expresó que no anticipa que la medida conlleve la instauración de una estructura gubernamental en contravención con los lineamientos del Plan Fiscal.
Por su parte, el asesor legislativo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) mencionó que, desde su punto de vista presupuestario, la medida puede tener un impacto sobre las partidas ya asignadas al ICF en el presupuesto certificado 2021-2022. “La medida no aparenta asignar nuevos recursos ni reasignar o reprogramar recursos ya presupuestados”.
En su turno, la representante popular, Lydia Méndez Silva resaltó que las estadísticas para determinar si una muerte estuvo relacionada con un evento catastrófico es un desastre. “Es importante que la data de las agencias pertinentes respecto a este tema sea perfecta. No podemos continuar sin tener unos números perfectos. Nuestra gente merece respeto», subrayó la legisladora del Distrito 21, que componen los pueblos de Lajas, Guánica, Sabana Grande, Maricao y Yauco.
